La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue aprobada por el Congreso de Diputados el pasado 13 de mayo.
Dicha ley responde al compromiso de España y la ruta hacia una la descarbonización y el cumplimiento del Acuerdo de Paris.
La Ley pone en centro de la política la acción climática, proclamandose como una oportunidad única económica y social en el país.
La norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto del año 1990;
- Penetración mínima de energías renovables en el consumo energético final de un 42%;
- Sistema eléctrico con un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.
Inversiones
La ley se verá reforzada por las estimaciones del Gobierno, según las cuales, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en la próxima década y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.
Las inversiones, el ahorro energético y la mayor presencia de renovables aumentarán el PIB alrededor del 1,8 % en 2030, respecto de un escenario sin medidas.
Principales Medidas
- Los turismos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a usos comerciales, reducirán paulatinamente sus emisiones. A partir de 2040 no podrán venderse turismos que emitan CO2 y a partir del 2050 no podrán circular.
- Prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles -en tierra y mar-, ni permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas; tampoco se autorizarán actividades de explotación con “fracking”.
- Obligación de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes para 2030 y favorecer la movilidad eléctrica y transporte público.
- Consideración del cambio climático en la gestión del dominio público marítimo terrestre con un período máximo para la ocupación de 75 años.
- Rehabilitación energética de los edificios y prioridad a los bosques como sumideros de carbono; el despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico.
- La ley incorpora una asamblea ciudadana para implicar a la sociedad en la transición ecológica, y la obligatoriedad de revisar la sostenibilidad y el cambio climático en las enseñanzas del Sistema Educativo.
- Respecto a adaptación, el Gobierno se compromete a aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático con evaluación de impactos y riesgos para varios escenarios posibles.
El texto plantea además compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.
Aplicación a las empresas
En el sector financiero, grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras deberán elaborar informes anuales sobre los riesgos que la transición a una economía sostenible genere para su actividad, así como medidas para afrontarlos.
En materia de gobernanza, se prevé la creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.
La nueva Ley de Cambio Climático y Transición energética prevé obligar a las empresas que calculen y hagan pública su huella de carbono, además de trabajar en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, deberá determinar en el plazo de un año las empresas que tienen actividad en España y que estarán obligadas a calcular y publicar su huella de carbono, con qué indicadores y la periodicidad de los mismos.
Todo esto se gestionará mediante el Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Las empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de GEIs con un objetivo de reducción en 5 años.
Las empresas tendrán la opción de compensar de manera voluntaria su huella de carbono.
Contratos públicos
La Ley incorpora exigencias respecto a la Huella de Carbono relativas a la contratación pública.
En concreto, la contratación de la Administración General del Estado y el sector público deberán incorporar criterios de reducción de emisiones y huella de carbono.
En un año , el MITERD y Hacienda elaborarán un catálogo de prestaciones con criterios contra el cambio climático, reducción de emisiones y huella de carbono.
